El boom minero
Fue gracias a las leyes e incentivos dados a la minería en 1992 por el gobierno de Alberto Fujimori que en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones y han hecho que el Perú sea el principal productor de oro de América Latina.
Las concesiones mineras se extienden por todo el país llegando (en junio de 2011) a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares.
Regiones donde se ubican las operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central. Desarrollo de infraestructura vial y ampliación de las redes de aprovisionamiento eléctrica se promueven y amplían en diversas regiones del país facilitando una mayor expansión de las actividades mineras.
La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos 3 mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Veamos de cerca estos temas.
No todo lo que brilla es oro
A nivel ambiental. Tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños ambientales. En la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad; está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible. En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy, y la ciudad que alberga a más de 170 mil habitantes bebe agua proveniente de procesos mineros, porque las fuentes naturales de agua (lagunas, quebradas y ríos) han desaparecido.
La Minera Southern ha contaminado la bahía de Ite en el mar de Moquegua y, en la región de Tacna, ha agotado las aguas subterráneas, motivo que ha llevado al gobierno regional a tener que dictar, por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero. En Madre de Dios, lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. En Puno, la mina La Rinconada contamina con metales pesados el Río Ramis que es afluente del lago Titicaca, una cuenca endorreica, la más alta del mundo, y las protestas de los pueblos quechuas y aymaras que datan de muchos años siguen siendo ignoradas.
En Cajamarca, Piura y Huamachuco los mineros ilegales contrabandean insumos químicos que trasladan peligrosamente en vehículos de transporte público, contaminan ríos y pequeños poblados. A todos estos graves daños ambientales, se suman dieciséis de los 53 ríos de la costa que están contaminados por actividades mineras a pesar de que el inventario de pasivos ambientales, que aún no concluye, ha identificado ya más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas.
La autoridad ambiental hace deficientes controles:
Las fiscalías ambientales se hallan abarrotadas de investigaciones que no se realizan por falta de recursos o presiones políticas y económicas, como lo denunció el coordinador de las mismas, y los juzgados ambientales no han sido instalados. Para colmo, no existen procuradorías ambientales que ayuden a las poblaciones a demostrar técnicamente las afectaciones de las que son víctimas. Los EIAs de las empresas mineras son aprobados por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, y las recomendaciones de las Defensoría del Pueblo de que sea el MINAM quien los evalúe y apruebe siguen cayendo en saco roto. Los límites máximos permisibles (LMPs) que son invocados por las empresas para decir que la calidad ambiental de su área de operaciones y de influencia está bien se hallan desactualizados (datan de 1996) y hasta el Banco Mundial afirma que no sirven para prevenir la contaminación, por lo demás el Ministro Brack, ardoroso defensor de la gran minería, dejó extrañamente pendientes la fijación de los LMPs de las emisiones y efluentes mineros.
A nivel social. Aunque la minería moderna desata grandes expectativas laborales, lo cierto es que por su alta tecnificación genera pocos puestos de trabajo (1.5% de la PEA nacional), y además está sometida a mecanismos de terciarización que recortan al máximo los derechos de los trabajadores. Se estima que más del 70% de los trabajadores de la gran minería están bajo la modalidad de services, lo que impide además su sindicalización y capacidad de negociación para proteger sus derechos. En cambio, en la pequeña minería se genera muchos más puestos de trabajo pero en condiciones infrahumanas, explotando mano de obra infantil, sin norma alguna de seguridad, evadiendo impuestos, contrabandeando insumos, etc.
Las pequeñas economías locales donde se ubican las actividades mineras experimentan rápidamente subidas de los precios debido a que el sector empleado en la gran minería suele tener ingresos económicos más altos que el promedio local, con lo cual los costos de vivienda, alimentación, educación suben exorbitantemente y ahondan las brechas de desigualdad entre los que pueden pagar esos servicios y los que quedan excluidos de los mismos.
Para nadie es un secreto que la ciudad de Cajamarca se ha convertido en una de las cuatro ciudades más caras del país, precisamente por el fenómeno inflacionario provocado por los ingresos de los trabajadores de la actividad minera o simplemente por las distorsiones de precios de mercado que genera las expectativas de venta de servicios locales. En el plano nacional, el crecimiento económico basado en los ingresos de las exportaciones mineras, que no contienen valor agregado, (como literalmente ha señalado Oscar Ugarteche, “estamos exportando piedras”) hace que la mayor parte de la riqueza minera se vaya fuera de nuestro país y que sigamos condenando nuestra economía a lo que se denomina “deterioro de términos de intercambio”, por el cual se repite la historia económica de la explotación de nuestros recursos naturales que se venden a precio barato para luego comprar productos manufacturados a precios más caros, quedando condenados a ser un país productor de materias primas (mientras éstas duren).
A todo ello, se suma el hecho de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía, que, si bien sigue creciendo, lo hace debido a los altos precios de los metales en el mercado internacional, lo que implica que si hay una variación en los precios de los denominado commodities nuestra economía simplemente puede frenarse de golpe o aún colapsar, si es que no se diseñan e implementan políticas de diversificación económica, como incluso y repetidas veces lo ha señalado Michael Porter en sus dos visitas a Perú.
Pese a que en esta etapa se experimenta un ciclo internacional prolongado de precios extraordinariamente altos de los metales que, por lo demás, debido a las leyes fujimoristas y alanistas que otorgaron extraordinarias facilidades al desarrollo de la gran minería y, debido también a la alta riqueza de los yacimientos que permiten bajos costos de producción, las empresas mineras se niegan a hacer aportes fiscales adicionales apelando, para ello, a sus contratos de estabilidad jurídica y a su enorme poder para jaquear al Estado vía los medios de comunicación o sus poderosos lobbys directos o través de influyentes estudios de abogados del país (García Sayán, Osterling, Echecopar) como lo ha puesto en evidencia la periodista de IDL, Milagros Salazar, con relación a evadir las multas de Osinergmin.
Del lado gubernamental, incluido el nuevo gobierno de Ollanta Humala, se ha optado por seguir promoviendo prioritariamente la minería, y aunque se ha anunciado recién que habrá nuevas regulaciones, aún no se tiene claridad sobre cuáles y el alcance preciso de las mismas (aún falta reglamentar la ley de consulta previa y se ha anunciado la promulgación próxima de la ley de ordenamiento territorial). Lo cierto es que a partir de las recientes declaraciones del primer ministro y del ministro de minería y energía, lo que parece primar es apoyar sí o sí a las mineras para que éstas contribuyan con el gravamen minero que, en el corto plazo, permitan al gobierno nacionalista realizar las obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales. No sería extraño que, en este contexto, el gobierno opte por inclinar la balanza del lado de las empresas, como claramente lo ha señalado Víctor Caballero de la unidad de conflictos de la PCM (“La ley de consulta se aplicará solo donde el diálogo previo no funcione” y sus advertencias a lo que el denomina “violentistas y contrarios al desarrollo” sin llamar curiosamente la atención a aquellas empresas social y ambientalmente irresponsables).
Tiempos de cambio
Aunque pueda ser prematuro, y prime aún la incertidumbre para saber en qué dirección van a venir los cambios del nuevo gobierno o cuáles van a ser las continuidades que se afirmen, todo parece indicar que, en el plano social, la minería seguirá siendo la mayor fuente de conflictividad socioambiental. Por otro lado, las grandes empresas buscarán someter al gobierno de Ollanta Humala a la demoledora presión de sus medios de prensa, de sus respaldos gubernamentales extranjeros, de sus poderosos lobbys, si no también de sus chantajes.
Desde la sociedad civil organizada que no se deja coptar o corromper o desde partidos políticos como Tierra y Libertad, seguiremos afirmando que si la minería en Perú, como ha ocurrido en otros países, quiere aportar al desarrollo de largo plazo, con justicia social y sostenibilidad ecológica, la política económica y específicamente la de las industrias extractivas tienen que transitar por otros caminos: el del desarrollo y la innovación tecnológica, el de la asignación de valor agregado, del cuidado y la fiscalización ambiental, de la consulta y respeto a los pueblos y de la utilización de la renta minera para la diversificación de la economía. De tal manera que dejemos de ser clasificados como un país minero y podamos convertirnos en lo que debemos ser: un país pluriproductor, megabiodiverso, que no depende de una única actividad como la minería. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de crisis financiera mundial, de nuevo gobierno, de esperanzas de cambio que no se deben defraudar. Y podemos hacerlo, si miramos el Perú como un país con futuro y si, generosa y responsablemente, pensamos en los derechos que tienen los peruanos que vendrán después de nosotros. Lo que no se puede perder de vista es que los cambios deben ocurrir ahora, no podemos seguir en la larga y penosa espera que fue defraudada por el régimen corrupto y genocida de Fujimori, insuficiente y miope de Alejandro Toledo o por el gobierno soberbio, depredador y corrupto de Alan García.
Minas Conga: un desafío en el horizonte
Este proyecto minero, anunciado el 28 de julio de 2011, unas horas antes de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, puede ser la prueba de fuego de los cambios o continuidades que el nuevo gobierno deberá mostrar al país que lo eligió. Los 4 mil 800 millones de dólares que se dice invertirá Yanacocha en este proyecto no pueden hacerse a cualquier costo social y ambiental. En tiempos de cambio climático, de que existe una conciencia ciudadana, cada vez más creciente, que no hay desarrollo verdadero sin justicia social y sostenibilidad ecológica, los nuevos gobernantes no pueden permitir que se destruyan más lagunas y sistemas hídricos y se subordine, cuando no ponga en grave peligro el desarrollo agrícola y ganadero del sur de una importante región como es Cajamarca, tan solo para garantizar que una controvertida empresa minera aurífera recupere su inversión en unos pocos años de los 17 que inicialmente calculan que durará su proyecto.
Revisar el EIA que fue aprobado dolosamente, escuchar las preocupaciones legítimas de las organizaciones y sus autoridades no coptadas o que no se han dejado corromper, acercarse los gobernantes a las poblaciones, fortalecer la institucionalidad ambiental nacional, regional y local; someter el proyecto al proceso de zonificación ecológica y económica regional y a un plan de ordenamiento territorial, están entre los requisitos mínimos que el nuevo gobierno debe observar para que este conflicto que, en los próximas días amenaza con extenderse y desbordarse, no termine generando un clima de zozobra social en una región que tradicionalmente ha sido pacífica, pero que también sabe ponerse dignamente de pie para defender su derecho al agua, a la tierra y decir ¡Basta!
